Detectives privados de Gipuzkoa centran sus investigaciones en la custodia de menores

donostia - Asisten con frecuencia a una lucha encarnizada entre el padre y la madre. Está en juego la custodia del hijo, “pero ello conlleva además el uso y disfrute de la vivienda conyugal, y hay mucho dinero de por medio”. Detectives privados de Gipuzkoa consultados por este periódico reconocen que este tipo de investigaciones, siempre con los sentimientos a flor de piel, están muy presentes en un territorio en el que los órganos judiciales tramitan cada año más de mil rupturas matrimoniales.
“Quiero que me acredites que la madre consume”. “Quiero que compruebes que el padre está rodeado de malas compañías y deja al menor solo”. Son algunas de las solicitudes que recibe el detective Gonzalo Zubeldia, que atesora casi tres décadas de experiencia en este tipo de pesquisas. “Desde luego que los litigios matrimoniales y todo lo que ello conlleva están siempre muy presentes”, asegura este profesional de la empresa donostiarra Detectives Norte & Asociados.
Arantza Busto, de Investigaciones Privadas NOR, reconoce que con frecuencia “una de las partes” pide que investiguen si el cónyuge está trabajando o no, o si la custodia se está ejerciendo como es debido. “Solicitan que nos desplacemos a investigar si la persona que ejerce la custodia se está encargando efectivamente del cuidado del niño o lo deja en manos de un tercero”.
La preocupación de los clientes siempre es la misma: demostrar que están capacitados para cuidar a los menores de edad y que su expareja no es la persona idónea para hacerse cargo de ellos.
decisión del juez Es un tema de candente actualidad. El Parlamento Vasco aprobó el mes pasado la ley que regula la custodia compartida y establece que cada uno de los progenitores, por separado o de común acuerdo, soliciten al juez la custodia sin que la oposición de uno de ellos sea obstáculo para otorgarla. Cuando la norma entre en vigor se adoptará, “a petición de parte”, la medida de custodia compartida, siempre y cuando no sea perjudicial para el interés de los menores.
Pero no es precisamente un camino de rosas el que aguarda tras una ruptura matrimonial. “Todos los temas de divorcio tienen bastante implicación económica, algo que se dispara cuando llegan las sentencias judiciales”, observa Busto. Es cuando se plantea la batalla abierta.
Sus investigaciones se centran en aportar pruebas válidas que influyan en la decisión del juez, tratando de presentar indicios sólidos.
Cuando uno de los padres tiene la sospecha o certeza de que el otro no está llevando los términos del auto judicial de la manera más adecuada, es cuando abren la investigación para obtener pruebas sobre esos incumplimientos.
La investigadora donostiarra explica que en el plazo de un mes suele tener el caso resuelto. Una vez redactado el informe se remite al cliente, que lo pone en manos del abogado y puede ser utilizado como prueba en el juzgado. Las pruebas obtenidas por los detectives privados pueden ser un elemento importante en los Tribunales de Justicia ya que pueden hacer que la balanza se decante por un progenitor u otro en el caso de que no haya acuerdo.
Zubeldia explica que el seguimiento al padre o la madre trata de determinar si existen costumbres por parte de alguno de ellos que no sean las adecuadas para un menor, o que demuestren que hay negligencia o incapacidad para la educación de los menores.
Desde otra empresa de investigación consultada aseguran que lo habitual en caso de separación matrimonial suele ser la picaresca de muchas parejas, que ocultan sus bienes para no pagar lo que le corresponde a la otra parte. “Solemos hacer seguimientos para descubrir lo que al cliente le puede interesar en un momento dado. Por ejemplo, cuando una de las partes no atiende a los niños o la casa está siendo utilizada por otra persona. Mucha gente oculta sus bienes y nosotros les seguimos para descubrir lo que ocultan”, informan las mismas fuentes.
estafas Pero no es ni mucho menos el único trabajo que realizan estos detectives. Por descontando, las infidelidades siguen ocupando un lugar importante en su agenda de trabajo. “Siempre están presentes. Es algo inherente al ser humano. Siempre tenemos en cartera de tres a cinco”, asegura Zubeldia. En cualquier caso, los detectives tratan de convencer a sus clientes de que, hoy por hoy, por mucho que se le pille infraganti a la pareja, redactar un informe con todo lujo de detalles al respecto apenas tiene influencia alguna a la hora de tramitar una separación.
Donde sí hay más tela que cortar es en la investigación de las estafas a compañías de seguros, objeto de seguimiento constante por parte de estos profesionales. Por mucho que se echen las campanas al vuelo, dicen que seguimos inmersos en la picaresca propia de una época de crisis. “Hay gente que se hace seguros de bajas diarias alegando que no pueden trabajar, pero les pillas haciéndolo en otros lugares. Se cogen unas bajas larguísimas pero están perfectos de salud. Nuestro trabajo consiste en demostrar que están en perfectas condiciones, y que además están desempeñando actividades que perjudican la curación de la lesión que dicen tener”, relata el detective.
En ese sentido, sostiene que es muy habitual ver al transportista que supuestamente no puede trabajar cogiendo el coche, el camión y la fenwick. “Para algunas personas este tipo de situaciones pueden resultar un tanto cómicas, pero para nosotros son el pan nuestro de cada día”. Toman fotos y graban vídeos, para redactar después un informe en el que se detalla todo el seguimiento, que se entrega al cliente, en este caso, la empresa o la compañía de seguros. “Hay que tener en cuenta que pillar a un empleado de baja realizando un trabajo en otra empresa es una causa objetiva de despido”, advierte el detective.

Detectives privados contra los alquileres turísticos ilegales

La Asociación de Empresarios de Bungalós y Apartamentos (AEBAT) contratará detectives privados para acabar con el alquiler turístico ilegal del sur de Gran Canaria. Calculan que en unos 200 complejos se ofertan unas 40.000 camas de forma ilegal.

Los empresarios turísticos del sur de Gran Canaria quieren acabar, de una vez, con el alquiler vacacional ilegal y para ello contratarán a detectives privados que vigilen apartamentos y bungalós de la zona. Según Luis Bravo de Laguna, gerente de la Asociación de Empresarios de Bungalós y Apartamentos Turísticos (AEBAT), los investigadores comenzarán a actuar en unos días, "la primera fase será en septiembre, en los complejos asociados, y en noviembre empezaríamos con los complejos que son 100% ilegales", dice Bravo de Laguna. El gerente no quiere desvelar cómo actuarán los investigadores para no afectarles en su labor.
Desde la AEBAT explican que conocen a la perfección cuáles son los apartamentos y bungalós en los que se alquila de manera irregular. "Tenemos a todos detectados y sabemos el procedimiento que tenemos que llevar", explica Luis Bravo de Laguna que asegura, además, que tienen un plan de actuación porque llevan dos años trabajando para descubrir a los infractores que alquilan de manera ilegal. El gerente de la AEBAT calcula que en unos 200 complejos de apartamentos y bungalós se ofertan unas 40.000 camas sin que "hasta ahora el Gobierno de Canarias haya hecho nada para acabar con el instrusismo en el sector extrahotelero", que según sus datos, está destruyendo unos 16.000 empleos.
La Ley de renovación y modernización turística, aprobada por el Gobierno de Canarias en mayo, que insta a los dueños de inmuebles situados en zonas turísticas a respetar el uso turístico de sus propiedades; es un decreto positivo para la patronal pero insuficiente. Para Luis Bravo de Laguna, el Gobierno de Canarias "debe especificar si los propietarios de apartamentos y bungalós pueden residir o no en sus propiedades aunque éstas estén sobre una zona turística." Para los empresarios, los dueños de estos inmuebles tienen derecho a disfrutar de sus propiedades pero "no deberían tener permitido residir en ellas al igual que tampoco pueden alquilarla de manera ilegal."

Ya se puede contratar detectives privados por Internet

Otro mercado que comienza a dar pasos para “digitalizarse”: el de los detectives privados.

El clásico teléfono en la sección de anuncios de los periódicos de papel toma vida en una web llamada trustify, un sitio, destacado hoy en producthunt en el que, solo en Estados Unidos, puede contratarse un detective privado para resolver asuntos de todo tipo: sospechas de robo en la empresa, engaños, acosos, timos…

Aún no es una plataforma ideal, tiene varios puntos que podrían mejorarse:

– El contrato del detective aún se hace por teléfono, no se puede realizar la solicitación y obtener el presupuesto o el precio por hora directamente desde la web
– El seguimiento del caso se hace por mensajería instantánea, y la plataforma ayuda a aprobar las posibles horas extra de trabajo, pero no hay una ficha completa del caso con todos los datos investigados disponibles en la web.

Está claro que ambos “problemas” buscan la privacidad de la información, reducir el riesgo de que los datos acaben en manos no deseadas (lo que sería fatal en un portal así), por lo que parece que aún estamos en una categoría que tardará bastante en modernizarse completamente.

Los perfiles de los detectives aparecen en la web, donde puede verse que hay especialistas en seguridad de la información, personas con experiencia en “cybercrímenes”.

Detectives de Vicuña logran detener a joven acusado de homicidio frustrado

Detectives de la Brigada  de Investigación Criminal Vicuña detuvieron a un sujeto mayor de edad, que a mediados de la semana pasada disparó con una escopeta hechiza en contra de un vecino de la Población Valle de Elqui, en la comuna de Vicuña.

Los Detectives, realizaron diversas diligencias investigativas y levantamiento de datos, logrando determinar en base al análisis criminal que el joven se movilizaba entre la ciudad de Coquimbo y Vicuña, siendo intensamente buscado por la policía. Es así, que gracias a un llamado telefónico anónimo al Nivel de Emergencia 134 alertaron sobre una persona que poseía similares características al requerido, llamado que hizo movilizar a los detectives de esa Brigada de Investigación, logrando con ello, la detención del individuo al interior del domicilio de su pareja, siendo puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Vicuña.

A pesar que el joven no contaba con antecedentes penales, es investigado por un hecho de similares características, donde una persona que caminaba por las inmediaciones de la Población Aguas de Elqui, de esa comuna, habría sido herida en su cara con perdigones de escopeta. Cabe señalar que día 5 de Agosto del año en curso, con la finalidad de realizar diligencias investigativas y de rastreo del hecho antes señalados, se logró ubicar en un sector cercano al Sitio del Suceso, tres armas hechizas, que pudieron haber sido utilizadas en el delito que se investiga u en otros hechos cometidos en esta jurisdicción, las cuales fueron enviadas para su peritaje correspondiente al Laboratorio Regional Criminalística La Serena.

Finalmente, en el control de detención del imputado, éste quedo en prisión preventiva mientras dure la investigación.

Detectives privados de Gipuzkoa centran sus investigaciones en la custodia de menores

Los clientes les contratan para demostrar que están capacitados para el cuidado de los hijos y que su expareja no es la más adecuada
Las infidelidades y las estafas a las compañías de seguros también son objeto recurrente de seguimiento

DONOSTIA - Asisten con frecuencia a una lucha encarnizada entre el padre y la madre. Está en juego la custodia del hijo, “pero ello conlleva además el uso y disfrute de la vivienda conyugal, y hay mucho dinero de por medio”. Detectives privados de Gipuzkoa consultados por este periódico reconocen que este tipo de investigaciones, siempre con los sentimientos a flor de piel, están muy presentes en un territorio en el que los órganos judiciales tramitan cada año más de mil rupturas matrimoniales.

“Quiero que me acredites que la madre consume”. “Quiero que compruebes que el padre está rodeado de malas compañías y deja al menor solo”. Son algunas de las solicitudes que recibe el detective Gonzalo Zubeldia, que atesora casi tres décadas de experiencia en este tipo de pesquisas. “Desde luego que los litigios matrimoniales y todo lo que ello conlleva están siempre muy presentes”, asegura este profesional de la empresa donostiarra Detectives Norte & Asociados.

Arantza Busto, de Investigaciones Privadas NOR, reconoce que con frecuencia “una de las partes” pide que investiguen si el cónyuge está trabajando o no, o si la custodia se está ejerciendo como es debido. “Solicitan que nos desplacemos a investigar si la persona que ejerce la custodia se está encargando efectivamente del cuidado del niño o lo deja en manos de un tercero”.

La preocupación de los clientes siempre es la misma: demostrar que están capacitados para cuidar a los menores de edad y que su expareja no es la persona idónea para hacerse cargo de ellos.

DECISIÓN DEL JUEZ Es un tema de candente actualidad. El Parlamento Vasco aprobó el mes pasado la ley que regula la custodia compartida y establece que cada uno de los progenitores, por separado o de común acuerdo, soliciten al juez la custodia sin que la oposición de uno de ellos sea obstáculo para otorgarla. Cuando la norma entre en vigor se adoptará, “a petición de parte”, la medida de custodia compartida, siempre y cuando no sea perjudicial para el interés de los menores.

Pero no es precisamente un camino de rosas el que aguarda tras una ruptura matrimonial. “Todos los temas de divorcio tienen bastante implicación económica, algo que se dispara cuando llegan las sentencias judiciales”, observa Busto. Es cuando se plantea la batalla abierta.

Sus investigaciones se centran en aportar pruebas válidas que influyan en la decisión del juez, tratando de presentar indicios sólidos.

Cuando uno de los padres tiene la sospecha o certeza de que el otro no está llevando los términos del auto judicial de la manera más adecuada, es cuando abren la investigación para obtener pruebas sobre esos incumplimientos.

La investigadora donostiarra explica que en el plazo de un mes suele tener el caso resuelto. Una vez redactado el informe se remite al cliente, que lo pone en manos del abogado y puede ser utilizado como prueba en el juzgado. Las pruebas obtenidas por los detectives privados pueden ser un elemento importante en los Tribunales de Justicia ya que pueden hacer que la balanza se decante por un progenitor u otro en el caso de que no haya acuerdo.

Zubeldia explica que el seguimiento al padre o la madre trata de determinar si existen costumbres por parte de alguno de ellos que no sean las adecuadas para un menor, o que demuestren que hay negligencia o incapacidad para la educación de los menores.

Desde otra empresa de investigación consultada aseguran que lo habitual en caso de separación matrimonial suele ser la picaresca de muchas parejas, que ocultan sus bienes para no pagar lo que le corresponde a la otra parte. “Solemos hacer seguimientos para descubrir lo que al cliente le puede interesar en un momento dado. Por ejemplo, cuando una de las partes no atiende a los niños o la casa está siendo utilizada por otra persona. Mucha gente oculta sus bienes y nosotros les seguimos para descubrir lo que ocultan”, informan las mismas fuentes.

ESTAFAS Pero no es ni mucho menos el único trabajo que realizan estos detectives. Por descontando, las infidelidades siguen ocupando un lugar importante en su agenda de trabajo. “Siempre están presentes. Es algo inherente al ser humano. Siempre tenemos en cartera de tres a cinco”, asegura Zubeldia. En cualquier caso, los detectives tratan de convencer a sus clientes de que, hoy por hoy, por mucho que se le pille infraganti a la pareja, redactar un informe con todo lujo de detalles al respecto apenas tiene influencia alguna a la hora de tramitar una separación.

Donde sí hay más tela que cortar es en la investigación de las estafas a compañías de seguros, objeto de seguimiento constante por parte de estos profesionales. Por mucho que se echen las campanas al vuelo, dicen que seguimos inmersos en la picaresca propia de una época de crisis. “Hay gente que se hace seguros de bajas diarias alegando que no pueden trabajar, pero les pillas haciéndolo en otros lugares. Se cogen unas bajas larguísimas pero están perfectos de salud. Nuestro trabajo consiste en demostrar que están en perfectas condiciones, y que además están desempeñando actividades que perjudican la curación de la lesión que dicen tener”, relata el detective.

En ese sentido, sostiene que es muy habitual ver al transportista que supuestamente no puede trabajar cogiendo el coche, el camión y la fenwick. “Para algunas personas este tipo de situaciones pueden resultar un tanto cómicas, pero para nosotros son el pan nuestro de cada día”. Toman fotos y graban vídeos, para redactar después un informe en el que se detalla todo el seguimiento, que se entrega al cliente, en este caso, la empresa o la compañía de seguros. “Hay que tener en cuenta que pillar a un empleado de baja realizando un trabajo en otra empresa es una causa objetiva de despido”, advierte el detective.

Una aseguradora deberá indemnizar a un coleccionista de arte desvalijado

La compañía de seguros ha movido todas las fichas posibles para no tener que abonar la indemnización a un asegurado residente en una urbanización de Mutxamel, a quien los ladrones desvalijaron la finca de obras de arte, relojes y costosos dispositivos informáticos para el diseño de un videojuego. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Alicante ha ratificado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número de San Vicente del Raspeig que daba la razón al demandante.

Casi 4 años de batalla judicial, acusaciones y una grave enfermedad

El asegurado optó por llevar a juicio a la compañía después de que se negase a abonar casi 500.000 euros correspondientes a una póliza firmada en junio de 2011. Cinco meses después, el hombre sufrió un robo en la vivienda en la que atesoraba cuadros y esculturas, entre otros bienes de especial valor, además de sufrir desperfectos en la casa de Bonalba.

Un perito designado por la aseguradora cifró los perjuicios en casi medio millón de euros, algo que no les debió gustar, ya que encargaron un segundo informe que fijaría, en el caso de tener que pagar, una indemnización de poco más de 100.000 euros. De ahí que la víctima del robo, defendida por el letrado Carlos Manuel Frigola Espinosa, demandase a la compañía en julio del año 2012.

Por su parte, la aseguradora se mantuvo fuerte en su posición. Según la juez, se opuso a la demanda, «poniendo en tela de juicio la propia existencia del robo en la vivienda, así como la preexistencia de los objetos denunciados como sustraídos», como señala en la sentencia la a que ha tenido acceso este diario. Pero no solo eso, pues por la demandada «parece cuestionarse la labor policial, queriendo hacer ver una posible relación, posiblemente de amistad» con el desvalijado.

Nada de eso ha quedado acreditado, ni tan siquiera con la contratación de un detective privado para que indagase en los posibles trapos sucios de la Benemérita con el perjudicado. De hecho, la juez ponente del fallo sostiene que «frente a la objetividad e imparcialidad de la Guardia Civil (...), se encuentra la subjetividad y parcialidad del detective privado», dirigido para elaborar su informe por la compañía.

Es más, la juzgadora señala que la firma ni tan siquiera llamó a declarar a los agentes que intervinieron de las pesquisas para aclarar este extremo.

Una de las principales bazas de la compañía en el juicio fue la de negar la existencia de los objetos robados. Pese a ello, como le recuerda la juez a la aseguradora Mapfre, cuando se formalizó la póliza «no efectuó una valoración pericial exhaustiva del contenido», por lo que «ahora no puede exigirle al asegurado una acreditación documental de los objetos». Pese a ello, el hombre aporta fotografías y todas las facturas posibles de los artículos e, incluso, una amiga suya experta en arte le valoró las obras de arte.

El tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial hace suyas las palabras de la juez de San Vicente al desestimar uno a uno los argumentos de la aseguradora en su recurso de apelación. El demandante «acredita, dentro de sus posibilidades, que el robo se produjo sin que, por el contrario, conste la existencia de simulación». Un delito por el que Mapfre ha denunciado al cliente, pese a que los juzgados le han ido dando carpetazo a esta cuestión.

Además, el tribunal provincial sostiene que la compañía «era plenamente conocedora» de la preexistencia de los objetos que se hicieron constar en la póliza. Así las cosas, los magistrados, como ya hiciera la juez, reprochan a la aseguradora «una falta de previsión total», pues permitió que el contrato se suscribiera sin encargar valoración alguna de lo que iba a asegurar.

Imelsa paga el sueldo a 22 personas por trabajos "sin contenido" o "desconocidos"

SERGI PITARCH | VALENCIA La imagen de que la empresa pública Imelsa se utilizó para más cosas que para la prevención de incendios y el apoyo económico a municipios de la provincia de Valencia se certifica con cada informe interno de los nuevos gestores que sale a la luz. Una auditoría sobre personal a la que ha tenido acceso Levante-EMV revela que la sociedad dependiente de la Diputación de Valencia abona el sueldo a 22 personas cuyo puesto de trabajo en la mercantil «se desconoce» o «carece de contenido». Además, otras 11 personas no pueden realizar sus tareas en la actualidad porque el único responsable que sabe utilizar la maquinaria para ese cometido está de vacaciones.

Cuando saltó el escándalo en la empresa pública que ha afectado al propio presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y que ha terminado en una investigación en dos juzgados diferentes, el último gerente de Imelsa en la era PP, Rafael Soler, se ufanaba de gestionar una sociedad que acabó el año 2014 con un superávit de 429.807 euros y unos beneficios de 128.178 euros. Estas cifras, que son posibles gracias a las inyecciones de capital de la diputación, se utilizaban para defender la buena gestión de la misma. De hecho, recordaba Soler que el presupuesto para este año es de 23.357.377,33 euros, de los que un 65% están destinados a gastos de personal. Unos 15 millones de euros en nóminas para los alrededor de 700 personas.

La gestión de Soler y su antecesor, Marcos Benavent, cabecilla de la presunta trama de comisiones, autor de las grabaciones a políticos del PP y ahora imputado, no fue tan correcta por los datos que en los últimos meses han trascendido. Desde pagos inverosímiles como la contratación de detectives privados a la situación fraudulenta de una parte del personal, que hoy desvela este periódico. Así, según la auditoría interna de personal, hay 17 personas «sin contenido en el puesto de trabajo que ocupaban a 31 de julio».

Se trata del director y coordinador del programa Sona la Dipu, el concurso de música para promesas de Valencia. También de dos secretarias adscritas a los diputados de Economía y Empresas Públicas. En esta situación también están tres puestos de trabajo en el área de Carreteras (donde Imelsa no tiene competencias) y otras tres en el área de Inversiones, principalmente para el plan de construcción de campos de césped artificial que ha finalizado y para el que se destinaron 30 millones. Existen otros tres puestos adscritos a la diputación y dos «asesores», que nadie sabe para quién trabajan o qué hacen en la empresa con sede en Conde Trénor. Hay una persona sin funciones pero con nómina adscrita a las brigadas y dos a gerencia.

El informe interno sobre personal también desvela que hay otras cinco personas cobrando nómina pero de cuyo puesto de trabajo «se desconoce el contenido». Se trata de dos empleados de la institución Alfons el Magnànim, una de la Escuela de Capataces de Catarroja, otra del Museu Valencià de la Il.lustració i de la Modernitat, , que depende directamente de la diputación, y otra en el área de deportes.
La auditoría aconseja realizar un estudio «técnico, objetivo y fiable que ponga de manifiesto la realidad socio-laboral de los distintos departamentos, analizando detalladamente el dimensionamiento de cada uno de ellos y las capacidades con el fin de elaborar un plan de formación adecuado a las necesidades». Mientras, una de las últimas notas de prensa del anterior gerente decía: «Imelsa se rige por unas instrucciones internas que regulan los procedimientos de contratación».

Los cabos sueltos en la muerte de Natalia y Fernán

Abrazados, semidesnudos y tendidos sobre la cama. Así encontraron a Natalia Andrea Seña Bernier, de 15 años, y a Fernán Francisco Vellojín Reales, de 21, los expertos en criminalística de la Fiscalía que el 30 de julio acudieron al tercer piso del hostal El Paisa, en el barrio María Paz, de la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Eran las 10 a. m.

A centímetros de los cadáveres, que presentaban un avanzado estado de descomposición –el olor alertó a los empleados del lugar–, los investigadores hallaron una sustancia. El viernes en la noche, Medicina Legal determinó que la muerte obedeció a una “intoxicación exógena por carbamatos”, es decir, por la ingestión de un pesticida –no determinado–, que puede conseguirse en cualquier tienda especializada en ataque de plagas.

Carlos Valdés, director del instituto forense, le dijo a EL TIEMPO que “la muerte de los jóvenes se habría registrado el 26 de julio y de manera casi inmediata, tras tomar una alta dosis del plaguicida”, y agregó que los jóvenes seguramente sintieron dolores y sufrieron contracciones musculares antes del deceso, pero que “no fue posible saber cuál murió primero”.

Además, indicó que Natalia y Fernán no padecían enfermedad alguna, al contrario de algunas versiones que circularon esta semana.

El dictamen igualmente confirmó lo dicho el martes por la directora de Fiscalías de Bogotá, Carmen Torres, quien, tras la primera inspección de la escena a cargo del CTI, sostuvo que “no se encontraron señales de maltrato o tortura en los cuerpos”.

La funcionaria explicó que aún no se podía aseverar que se trató de un suicidio o de un acto criminal.

El hostal El Paisa, en la calle 38 sur con 85 y que ofrece hospedaje durante 12 horas por 20.000 pesos, hace parte de una zona comercial en la que abundan bares y prostíbulos. La decisión de la pareja de hospedarse en este lugar, lejos de los domicilios de ambos –ella vivía en el barrio Los Monjes, en el occidente, y él, en el Galán, donde un familiar–, es uno de los interrogantes que detectives y familiares de los jóvenes intentan resolver.

Lo que hasta el momento han logrado establecer los funcionarios a cargo del caso es que la pareja llegó allí a las 11:30 a. m. del domingo 26 de julio (cuatro días antes del hallazgo), tras haberles mentido a sus parientes sobre su paradero. (Lea: Nunca le vi conductas suicidas: madre de joven hallado muerto en hotel)

Adaluz Bernier, la madre de la menor de edad, estaba convencida de que su hija estaba con la mejor amiga, con la que supuestamente se había encontrado en la mañana para comprar chocolates (destinados a una despedida del grado 11 del colegio dirigido por monjas en el que ambas estudiaban). Sobre la una de la tarde, Natalia le dijo por teléfono que iba a entrar a cine.

A las 3 p. m. de ese domingo, Natalia sostuvo el último contacto del que se tiene conocimiento. También fue con su mamá. Aunque las evidencias recogidas por el CTI indican que en ese instante la adolescente ya estaba en compañía de Vellojín, ella aseguró –mediante un mensaje de WhatsApp– que ya iba en camino a su casa, y que iba a llevar una gaseosa.

Minutos después, cuando la volvieron a llamar, el celular estaba apagado, según recuerda Catherine Rodríguez, tía de la menor.

El último familiar en sostener una conversación con Vellojín fue su primo Steven, a quien le dijo –sobre las 5 p. m. de ese domingo– que estaba en el barrio Normandía, esperando a Natalia porque tenían que hablar. Las llamadas que le hicieron al muchacho esa misma noche fueron directo al buzón de voz.

Vellojín, oriundo de Barranquilla, había llegado a comienzos de mayo a la casa de un tío que vive en Bogotá, con el propósito de estudiar inglés.

Otro de los puntos que generan dudas entre los investigadores tiene que ver con las distintas versiones de los empleados del hostal: mientras algunos dijeron que la pareja había pagado varias noches por adelantado, otros afirmaron no haberse percatado de que había una pareja hospedada en esa habitación. En lo que sí coinciden es en que el fuerte olor que salía de allí los alertó.

Versiones opuestas

La mayoría de las versiones que estudia el CTI, varias de ellas entregadas por los familiares de los dos jóvenes, son contradictorias. Por ejemplo, aunque los parientes de ambos coinciden en que tuvieron su primer contacto hace dos años, aún no se sabe dónde se conocieron. Adriana Reales, madre de Fernán, dice que su hijo le comentó que había conocido a Natalia en Barranquilla, a donde ella supuestamente viajó por asuntos de negocios del papá.

Por el contrario, la tía de Natalia sostiene que la menor de edad nunca estuvo en esa ciudad y que, de acuerdo con el relato de la mejor amiga, la pareja se conoció en Facebook y solo en mayo de este año, cuando Vellojín se radicó en la capital, sostuvieron el primer contacto personal. (Lea: ¿De qué hablaban Natalia y Fernán, los jóvenes muertos en un hotel?)

“Natalia tenía dos perfiles en esa red social: el de siempre y uno que creó, al parecer para poder hablar con ese joven”, afirma Catherine Rodríguez y asegura que los mensajes privados entre ambos se registran desde abril pasado.

Las cuentas que cada uno tenía en las redes sociales constituyen un elemento clave de la investigación, según la Directora de Fiscalías de Bogotá. Vellojín canceló una cuenta de Facebook para abrir otra con el nombre de Dmytri Vellojín, en la que se ven imágenes como una copa llena de sangre y una pareja de vampiros.

“Cuando empezamos a investigar descubrimos también que él escribía en un blog sobre vampirismo, creado en el 2010”, cuenta la tía de Natalia. En uno de sus post se lee: “Daría lo que fuera por ser un vampiro, pertenecer al mundo de los no-muertos (...). Haré lo que sea, así sea matar a quien sea o venderle mi alma al diablo”.

Aunque la mamá del joven no quiso referirse a estos mensajes, insiste en que a Fernán nunca le vio actitudes extrañas o tendencias suicidas. “Solo noté, unos días antes del hecho, que estaba triste. Me confesó que estaba acongojado porque un médico le había dado poco tiempo de vida a Natalia, por unos problemas en los riñones”, dice Adriana Reales desde su casa, en el barrio Abajo de Barranquilla.

Esta información, la de la supuesta enfermedad, no solo es negada por Medicina Legal sino por la familia de la menor, que ahora solo quiere que el nombre de Natalia “quede limpio”. Y lo propio busca la familia del barranquillero.

Al referirse a un mensaje de Facebook en el que su sobrina dice que alguna vez estuvo a punto de lanzársele a un carro, Catherine Rodríguez concluye: “Nosotros no creemos que Natalia haya ido a ese lugar (el hostal) obligada, pero sí que fue influenciada de manera negativa por ese hombre. Ella tenía 13 años cuando se conocieron, y él 19. Natalia era muy vulnerable, como todos los muchachos a esa edad”.

Periodistas y detectives en el caso de Rubén Espinosa

Del sábado pasado en que se conoció la noticia lamentable del múltiple asesinato en la colonia Narvarte del Distrito Federal, la sociedad mexicana ha sido objeto de un bombardeo mediático de tintes verdaderamente esquizofrénicos.

Radio, Televisión, portales de internet se llenaron de juicios mediáticos.

Asumiéndose en jueces y detectives los comunicadores le tundieron con fe musulmana tanto al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera como al mandatario veracruzano Javier Duarte.

Sin duda esa actitud de los comunicadores fue un exceso.

Pero lo más grave no fue la cantidad de tiempo que vienen destinando, con todo tipo de versiones, que muchas de ellas fueron de plano descabelladas, desinformadas y especulativas, sino el enfermizo encono mostrado contra Duarte, Mancera y sus respectivos procuradores.

Javier Duarte, por controvertido que sea, no puede ser acusado de cometer un asesinato múltiple sin tener prueba alguna, como fue el caso de la mayoría de periodistas que hicieron un verdaderolinchamiento del rollizo veracruzano.

Cada cosa en su lugar.

La cacería de periodistas en México es una vergüenza nacional.

Y también es cosa de pena ajena ver que comunicadores enjuiciaban y condenaban sin miramientos a un personaje como Javier Duarte.

Algunas lectoras de noticias se instalaron en el papel de Ágata Cristhie y relataron en sus espacios la muestra novelada de Espinosa y sus acompañantes.

No informaban avances de la investigación ni aportaban nuevos datos sobre el horrendo crimen.

Enjuiciaban, condenaban, aplastaban, aniquilaban.

Unos hablaban como Hércules Poirot o Sherlock Holmes, los más daban por hecho que existen, o existe, un autor intelectual.

El caso es muy delicado.

El crecimiento del crimen organizado en nuestro país ya no se mide por su violencia. Ahora es más preocupante su formidable poder corruptor. La fuga de El Chapo, los nexos con entidades financieras que les permiten sofisticados métodos de ingeniería bursátil o de inversiones para lavar dinero.

O la presumible participación en campañas políticas que vulnera los móviles originales de cualquier democracia son las nuevas acciones de los barones de la droga por las que debe preocuparse el,gobierno.

El crimen perpetrado contra el foto periodista y las cuatro mujeres que lo acompañaban en el departamento de la colonia Narvarte, no es una operación de escala mayor del crimen organizado.

Desde luego que no hay categorías en el ominoso asunto de privar de su vida a un ser humano.

Pero desgraciadamente los grados de interés de esas organizaciones son perceptibles en la medida en que invierten dinero para conseguir sus objetivos.

El túnel de El Chapo debió costar una fortuna.

El mustang que aparece en los videos que dan a los investigadores difusas pistas del crimen es de un precio que en la escala de inversión de las mafias para conseguir sus objetivos refleja la poco monta de la operación.

Ya los medios, algunos de manera más amarillista, politizaron el caso del asesinato del fotógrafo y las damas que lo acompañaban.

Eliminar esa impronta del trabajo de las corporaciones que investigan el lamentable suceso, será algo muy difícil.

Habrá que esperar a que ocurra otro suceso de alto impacto para que los medios dejen a las autoridades vayan tras los verdaderos asesinos.

Lo de la trayectoria llena de desatinos de Javier Duarte, debe volver al análisis político de los medios.

Su presunta responsabilidad en el caso de las ejecuciones de la colonia Narvarte, será cosa de probarla.

Lo demás es protagonismo mediático que desgraciadamente en nuestro país ya se está convirtiendo en el modus operandi de los comunicadores que se sienten dueños de la verdad y, de paso, de la conciencia nacional.

Sujeto que robó en casa de detectives cumplía condena con brazalete electrónico

El sujeto fue aprehendido cuando huía con las especies supuestamente sustraídas.

Un hombre de 40 años, que se encontraba cumpliendo su condena con reclusión nocturna -con brazalete electrónico- fue detenido por su presunta participación en el robo de un domicilio, cuyos propietarios son funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según se informó, el individuo se habría encontrado merodeando los domicilios en la población Urzúa, con la intención de robar.

A los minutos, ingresó a uno de los inmuebles que se encontraba sin moradores, desde donde habría robado diversas especies. Pero mientras se preparaba para huir por el patio posterior, fue sorprendido por detectives, quienes eran los propietarios de la vivienda.

El sujeto fue detenido y trasladado hasta la unidad policial para tomarle la declaración correspondiente. Mientras se encontraban en el recinto, llegó al lugar personal de Gendarmería, quienes relataron a los detectives que cuando se percataron que uno de los reclusos no llegaba a pernoctar al recinto carcelario -ya que cumplía la condena con reclusión nocturna- utilizaron la señal de GPS de su brazalete electrónico para ubicarlo, la que marcaba la PDI.

Por orden de la Fiscalía de Rancagua el hombre de 40 años fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía por el delito de robo en lugar habitado y receptación de especies.