Imelsa paga el sueldo a 22 personas por trabajos "sin contenido" o "desconocidos"

SERGI PITARCH | VALENCIA La imagen de que la empresa pública Imelsa se utilizó para más cosas que para la prevención de incendios y el apoyo económico a municipios de la provincia de Valencia se certifica con cada informe interno de los nuevos gestores que sale a la luz. Una auditoría sobre personal a la que ha tenido acceso Levante-EMV revela que la sociedad dependiente de la Diputación de Valencia abona el sueldo a 22 personas cuyo puesto de trabajo en la mercantil «se desconoce» o «carece de contenido». Además, otras 11 personas no pueden realizar sus tareas en la actualidad porque el único responsable que sabe utilizar la maquinaria para ese cometido está de vacaciones.

Cuando saltó el escándalo en la empresa pública que ha afectado al propio presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y que ha terminado en una investigación en dos juzgados diferentes, el último gerente de Imelsa en la era PP, Rafael Soler, se ufanaba de gestionar una sociedad que acabó el año 2014 con un superávit de 429.807 euros y unos beneficios de 128.178 euros. Estas cifras, que son posibles gracias a las inyecciones de capital de la diputación, se utilizaban para defender la buena gestión de la misma. De hecho, recordaba Soler que el presupuesto para este año es de 23.357.377,33 euros, de los que un 65% están destinados a gastos de personal. Unos 15 millones de euros en nóminas para los alrededor de 700 personas.

La gestión de Soler y su antecesor, Marcos Benavent, cabecilla de la presunta trama de comisiones, autor de las grabaciones a políticos del PP y ahora imputado, no fue tan correcta por los datos que en los últimos meses han trascendido. Desde pagos inverosímiles como la contratación de detectives privados a la situación fraudulenta de una parte del personal, que hoy desvela este periódico. Así, según la auditoría interna de personal, hay 17 personas «sin contenido en el puesto de trabajo que ocupaban a 31 de julio».

Se trata del director y coordinador del programa Sona la Dipu, el concurso de música para promesas de Valencia. También de dos secretarias adscritas a los diputados de Economía y Empresas Públicas. En esta situación también están tres puestos de trabajo en el área de Carreteras (donde Imelsa no tiene competencias) y otras tres en el área de Inversiones, principalmente para el plan de construcción de campos de césped artificial que ha finalizado y para el que se destinaron 30 millones. Existen otros tres puestos adscritos a la diputación y dos «asesores», que nadie sabe para quién trabajan o qué hacen en la empresa con sede en Conde Trénor. Hay una persona sin funciones pero con nómina adscrita a las brigadas y dos a gerencia.

El informe interno sobre personal también desvela que hay otras cinco personas cobrando nómina pero de cuyo puesto de trabajo «se desconoce el contenido». Se trata de dos empleados de la institución Alfons el Magnànim, una de la Escuela de Capataces de Catarroja, otra del Museu Valencià de la Il.lustració i de la Modernitat, , que depende directamente de la diputación, y otra en el área de deportes.
La auditoría aconseja realizar un estudio «técnico, objetivo y fiable que ponga de manifiesto la realidad socio-laboral de los distintos departamentos, analizando detalladamente el dimensionamiento de cada uno de ellos y las capacidades con el fin de elaborar un plan de formación adecuado a las necesidades». Mientras, una de las últimas notas de prensa del anterior gerente decía: «Imelsa se rige por unas instrucciones internas que regulan los procedimientos de contratación».